viernes, 23 de mayo de 2014

Me choca el hecho de que mucha gente  califique ciertos crímenes como “políticos”, como si ese apelativo tuviese alguna capacidad de paliar el gravísimo reproche moral que todo crimen implica. Más bien sería todo lo contrario. El crimen político “clásico” del siglo XX español fue el asesinato cometido por ETA de algún servidor del orden público, militar, funcionario, político, persona influyente o de los que pasaban por ahí, incluidos unos cuantos niños, por razones absolutamente políticas, entre las que se incluían la destrucción del orden constitucional que los españoles nos habíamos otorgado democráticamente.

Al asesinato de una persona, con todo lo que ello supone, se unía de manera inseparable la voluntad de imponer por la fuerza una decisión política, al margen de cualquier procedimiento legal y democrático. Otra cosa, claro, es que en España no haya “presos políticos”, pues éste es un término reservado para los supuestos crímenes cometidos por la simple expresión de ideas políticas que, además, no inciten al odio ni a la violencia. Pero crímenes políticos ha habido unos cuantos, y bastante jaleados, sin duda.

Este frío y duro asesinato de la Presidenta de la Diputación de León por otros miembros de su propio partido, con todos esos mensajes de twitter jaleando el crimen e insultando a nuestros políticos, y la reacción de estos manifestando públicamente su opinión al respecto, guardando minutos de silencio y suspendiendo su actos de campaña, nos fuerza a reflexionar si no estaremos ante una nueva y muy sorprendente versión del crimen político en estos turbulentos inicios del siglo XXI.

Deberíamos (o deberían) aprender a diferenciar el hecho de expresar una opinión de atentar contra una persona. Desde mi punto de vista, y a pesar de que si es cierto que se han podido ver comentarios de muy mal gusto en las redes, esto no es razón para privar a la población de un derecho tan básico como poder decir lo que se piensa. Si comienzan así, ¿en qué acabaremos, en una dictadura?



María Sánchez-Barriga Macías

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